Cuando han transcurrido más de ochenta años desde el inicio de la contienda que asoló el país y desoló a varias generaciones de españoles, pudiera parecer difícil realizar algún apunte original o plantear una perspectiva novedosa en lo que a la génesis del conflicto, a su desarrollo y a sus consecuencias se refiere. En parte porque la guerra civil y todo lo que supuso parecen resistirse a quedar atrás, a formar parte definitivamente del pasado y solo de este; a ser analizada exclusivamente con los instrumentos de la Historia, con una actitud que debiera estar exenta de apasionamiento y, deseablemente, provista del más aséptico rigor científico. Nos cuesta, y podríamos hablar de un cierto carácter de pasado continuo, de pretérito imperfecto. Nos falta perspectiva, porque se trata de un paisaje que aún pisamos, aunque sea en sus límites, y que por ello creemos conocer.
Esta constatación, sin embargo, es compatible con otra: cada vez van quedando menos protagonistas de aquellos años. Muy pocos de la guerra civil y la posguerra. Y los que vivieron el Franquismo van pasando el testigo del pensamiento crítico y de la acción política a generaciones progresivamente menos afectas a la dialéctica de bandos, al menos en los términos del enfrentamiento original. Si, como dijo alguien, podremos hablar objetivamente del Franquismo cuando no quede nadie que lo vivió, en lo que se refiere a la guerra civil española ese momento parece cercano.
A ello se suma la dinámica implacable del tiempo, el Ángel de la Historia que glosara Walter Benjamin: el progreso, que nos impulsa a dejar atrás lo acaecido… pero contemplándolo de reojo. Algo de esto parece afectarnos, a pesar de que ya casi rozamos con las puntas de los dedos el centenario de aquellos episodios. Un plazo sanitario que debiera ser suficiente.
Pero en esa mirada de reojo hay una reticencia que es obstinación. Lo comprobamos en la moderada multiplicación de productos culturales, de todo tipo, que siguen colocando el foco en esos años: libros, películas y documentales traen ante nosotros -a menudo con el esplendor de la restauración digital- las imágenes, los protagonistas y los hechos de todo el arco temporal que va desde los preliminares del alzamiento militar a la guerra civil española, la posguerra, y la larguísima dictadura.
Probablemente sea bueno que esto ocurra, pues a la información y a la divulgación se añade un barniz de normalidad, de asunción multigeneracional de algo que durante mucho tiempo permaneció oculto y que, en el ámbito del Derecho, la reciente legislación en materia de Memoria Histórica viene a consagrar, evitando malas lecturas y posicionamientos interesadamente equidistantes.
Hoy día es incontestable que el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936 buscó, desde su origen, conculcar el régimen democrático republicano salido de las urnas. Cierto es que la legitimidad del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de aquel año ha sido puesta en tela de juicio, pero esto no desmontaría la validez de una República que contaba ya con un lustro de vigencia; que había tenido un período constituyente culminado por unas elecciones y con la posterior promulgación de una constitución, la de 1931; que había concurrido de nuevo a las urnas en 1933 con una clara alternancia en el poder, que pasó de los republicanos-socialistas al centro-derecha, más tarde radicalizado. Esta alternancia1 y la asunción por unos y otros de los diferentes vuelcos electorales constituyen pruebas irrefutables de la validez de un sistema, imperfecto como todos, pero constitucional y democrático.
En este contexto, surgen muchas cuestiones. Y una de ellas, no menor, es la de cómo fue posible materialmente el alzamiento, quién o quiénes lo financiaron. Sublevarse contra un gobierno legítimo que cuenta con la lealtad de gran parte del ejército y de las fuerzas de seguridad, no se improvisa: se requiere contar con una buena infraestructura a efectos de transporte de tropas; de armamento y munición; se precisa también de un cierto sustento civil, y de los medios para asegurar movilidad, manutención, equipamiento, etc. Y todo esto debe poder ser provisto bajo demanda, en cantidad suficiente para contrarrestar los movimientos de las fuerzas leales que cuentan, lógicamente, con el patrocinio de las arcas públicas. Se requiere, en definitiva, de un mecenazgo.
La cuestión material (financiera y de todo tipo de recursos) lejos de ser baladí, tuvo una importancia decisiva en la raíz de un complot de las características del que nos ocupa: la sublevación armada de parte del ejército de un país contra el Gobierno legítimo del mismo.
La naturaleza, heterogénea pero confluyente, de las dinámicas de diversa genética (monárquicos, carlistas, tradicionalistas, católicos, falangistas, filofascistas, filonazis, etc.) que tomaron parte en el levantamiento ha sido harto estudiada, y la urdimbre de sus conexiones ampliamente analizada. La pregunta pertinente es ¿con qué medios materiales contaron, quién o quiénes financiaron la sublevación, la confrontación armada subsiguiente y, en parte y durante un buen período de tiempo, el régimen totalitario ulteriormente establecido? ¿Quiénes fueron los mecenas? ¿Quiénes patrocinaron nuestra Guerra Civil?
Las respuestas a estas preguntas ya han sido dadas, si bien no forman parte del núcleo del conocimiento popular sobre nuestra guerra, más allá del sobradamente conocido apoyo italo-alemán a los sublevados (hecho que se suele contrapesar, en el mismo argumentario, con la evasión del oro patrio a la Unión Soviética y la ayuda de esta a la República).
Sin embargo, en la financiación del bando rebelde participaron muchos otros agentes, de muy diverso perfil y en muy diversa medida en lo que a la cuantía y naturaleza de las aportaciones se refiere. Para conocer en detalle la lista de los contribuyentes, recomendamos la espléndida obra La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica, de José Ángel Sánchez Asiaín, galardonada con el Premio Nacional de Historia de España en 2013. Aunque a continuación haremos un breve repaso de dicha nómina de patrocinadores, remitimos a su lectura para un conocimiento exacto de los datos.
Una larga tradición desestabilizadora
El período republicano estuvo trufado de conatos de insurrección de uno y otro signo, si se nos permite la licencia de simplificar la casuística y hablar de intentonas «izquierdistas» y «derechistas».
Aunque existieron otras conspiraciones de menor entidad y eco, el primer pronunciamiento de tinte conservador sería la precipitada y mal organizada Sanjurjada de 1932, rápidamente neutralizada por el rechazo popular y por la acción estatal. Desde las izquierdas, el hito revolucionario lo constituyó la huelga general de octubre de 1934, ferozmente reprimida por el Gobierno con la intervención del Ejército de África, en un macabro precedente de lo que sería la futura contienda.
El de la República no fue -ya lo diría Azaña en Mestalla, en su célebre discurso de mayo de 1935- «un sendero de rosas». Que además de adolecer de una continua agitación social y política, estuvo constantemente amenazada por tramas insurreccionales es un hecho. Y no solo desde la derecha monárquica: también desde la izquierda y, dentro de esta, por el colectivo obrero y muy en particular, por el anarquismo, desencantado por la lentitud de las reformas.
Pero la República era fuerte. Contaba con el apoyo de las masas populares, no solo a través del voto: los españoles habían depositado en el nuevo sistema sus ilusiones y veían en el régimen igualitario que aquella prometía, la salida del sistema de privilegios para pocos y penurias para muchos que habían llegado a asumir, antes de los primeros movimientos obreros, como algo natural e inamovible.
Una huida hacia delante bien respaldada
Con el fiasco de Sanjurjo -condenado al exilio tras conmutársele la pena de muerte- como precedente, había que hacer las cosas bien. Los africanistas (militares de alta graduación fogueados en la larga Guerra de Marruecos) mayoritariamente monárquicos y que constituían el núcleo duro del substrato insurgente militar, no estaban dispuestos a poner en juego su prestigio y posición social sin un buen respaldo económico antes, durante y después del alzamiento, cualquiera que fuera el resultado de este. Porque en efecto, tras la victoria del Frente Popular en febrero del 36, los conspiradores activarían la maquinaria del golpe de Estado, pero lo harían con las espaldas cubiertas: si el intento fracasaba, cada uno de ellos recibiría del banquero y contrabandista Juan March2 un millón de pesetas, cantidades que se depositarían en una cuenta extranjera.
La búsqueda de financiación
De la lectura de la obra de Sánchez Asiaín, exhaustivamente documentada, se obtiene entre otras muchas certezas la de que el golpe de Estado que provocó la guerra civil española estuvo financiado en su mayor parte con activos y capital extranjeros, prestados con altos intereses. Y que el proceso de recopilación de medios para derribar a la II República comenzó el mismo día de la proclamación de esta, el 14 de abril de 1931: mientras las clases populares salían a las calles a celebrar el nuevo régimen, tenía lugar una reunión clandestina en la que un reducido grupo de personajes de filiación monárquica -entre los que se contaban Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera- juraron trabajar para derrocarla.
Una de las conclusiones de dicha reunión fue la necesidad de preparar un programa de financiación que permitiera contar con los medios necesarios para la tarea en ciernes. De esta reunión y de sus intenciones sería informado en su exilio parisino Alfonso XIII, quien consintió en que se utilizara el aval de su nombre en la gestión de las ayudas económicas.
Ya en aquellos tempranos días quedó establecido el antirrepublicanismo, y abierto el proceso de recolección de apoyos financieros, es decir, la llamada trama civil, a la que posteriormente se irían uniendo otros sectores hasta confluir en la gran conspiración de julio de 1936.
Si la República era fuerte, para derrocarla serían necesarias la fuerza bruta y los medios materiales. Entre los aportadores, podemos citar al ya mencionado banquero Juan March, el hombre más rico e influyente de la España de 1936, quien nunca dejó de financiar todo tipo de acciones subversivas; o el político catalán Francesc Cambó, líder de la Liga Regionalista, que ayudó a recaudar en el extranjero 410 millones de pesetas y créditos que ascendieron a 35 millones de dólares para patrocinar a los golpistas.
En lo que se refiere a gobiernos extranjeros, el primero en prestar su apoyo fue la dictadura portuguesa de Salazar, que puso a disposición de los sublevados cuantiosos recursos financieros en forma de créditos de bancos portugueses.
La Italia fascista, por su parte, colaboró con el envío de tropas y armamento, por un montante total de 5.000 millones de liras, como deuda final del Gobierno español por el suministro de material de guerra y diferentes gastos realizados hasta el 31 de diciembre de 1939, constituyéndose en la principal acreedora del futuro nuevo Estado.
En cuanto a la Alemania nazi, su intervención estuvo íntimamente ligada con el compromiso de posterior aprovisionamiento de materias primas, además de utilizar el conflicto español como laboratorio para mejorar las técnicas de los ejércitos alemanes de cara a sus planes expansionistas. Alemania fijaría la deuda contraída por España en 372 millones de marcos, que serían pagadas por compensación a través de exportaciones, sobre todo de minerales.
A esto hay que añadir diversas entidades financieras, como la Société de Banque Suisse con un crédito de hasta un millón de libras esterlinas; el banco inglés Kleinwort, Sons & Co, que otorgó un crédito de 800.000 libras esterlinas y otro de hasta 1.500.000; un consorcio de bancos italianos que, con la colaboración de los bancos Hispano Americano y Español de Crédito, puso a disposición de los sublevados una línea de crédito que alcanzaría un total de 300 millones de liras en 1939; o la Caixa Geral de Depósitos, entidad bancaria portuguesa, que concedió un crédito hasta el límite de 50 millones de escudos. Todos ellos, con intereses preferentes3.
La lista continúa con diversas agrupaciones políticas, principalmente de corte monárquico, tradicionalista, carlista, etc., además de compañías y holdings de lo que hoy llamaríamos capital riesgo. Y, por supuesto, numerosas fortunas privadas, que prestaron su apoyo económico en diversos momentos, además de los mencionados March y Cambó.
Es en estos potentados particulares, muchos y de apellidos conocidos, en los que queremos centrarnos para enunciar nuestra propuesta de lectura del proceso de recaudación como crowdfunding dado que no se trató de aportaciones a fondo perdido, sino que dichos particulares, las potencias extranjeras y las entidades bancarias recibirían sus compensaciones de manera suficiente y en diversos momentos (para el detalle nominal, de aquellos y de estas, remitimos nuevamente a la obra de Sánchez Asiaín).
Por último, no debemos perder de vista que el alzamiento y el conflicto originaron una enorme deuda por parte de los ejércitos comandados por Franco que, tras la victoria del 1 de abril de 1939, pasó a ser de todos los españoles. En palabras de Sánchez Asiaín, «la República pagó el coste de la guerra civil española con cargo al ahorro que los españoles habían acumulado en el pasado» -las reservas de oro del banco de España-, mientras que Franco «lo financió con el ahorro futuro».
La Guerra Civil como ‘crowdfunding’
Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos.
El pudor nos estremece al leer esta frase, referida a la gran tragedia española del siglo XX. Y sin embargo, fue pronunciada literalmente por el ya caudillo Francisco Franco, durante un discurso en Lugo el 21 de agosto de 1942.
Nos permite afirmar sin ambages que el 18 de julio de 1936 arrancó, para una pequeña oligarquía, un proceso de enriquecimiento paulatino que atravesaría buena parte del siglo XX -por supuesto todo el Franquismo- y cuyos ecos aún resuenan en no pocas fortunas patrias. Tampoco entraremos aquí en el escrutinio de apellidos y cifras, pero no podemos dejar de citar el volumen Ricos de la guerra de España, de Mariano Sánchez Soler, que estudia con rigor el nacimiento de una clase dirigente que, desde el alzamiento hasta la Transición, en estrecho y permanente contacto con los consejos de ministros (cuando no formando parte de ellos) manejó a placer los recursos públicos y privados, obteniendo pingües beneficios al abrigo del poder, durante más de medio siglo, y asentando las bases del nuevo capitalismo español, como remedo ampliado de las élites monárquicas que medraron durante la Restauración y en particular durante el primer tercio de la centuria.
Si es cierto que España, país de frutos tardíos, no había participado de las revoluciones burguesas del cambio de siglo que vieron nacer en las potencias europeas algunas de las grandes empresas y fortunas que hoy conocemos (otras surgirían en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial), no parece aventurado decir que esta estirpe de negociantes franquistas sería el trasunto patrio de un fenómeno de consolidación de élites que aquí pasaría directamente de un sistema pseudofeudal de terratenientes a una plutocracia orgánica que evolucionaría en paralelo al Régimen Franquista, como parte integrante e indisoluble de la Nueva España.
Tenemos pues un momento de oportunidad (un régimen democrático en proceso de consolidación pero aún vulnerable); un proyecto tan arriesgado como ambicioso (la conculcación del orden establecido y la imposición de un directorio militar4); y una lista de donantes (potencias extranjeras y elementos particulares) dispuestos a aportar recursos. Esto es lo que hoy denominamos crowdfunding, término que no aparece en los diccionarios de español al uso, pero que se entiende comúnmente como sigue:
Alternativa a la mediación financiera tradicional que pone en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos, mediante la emisión de valores o participaciones con inversores u ofertantes de fondos que buscan, en la inversión, un rendimiento.
Queremos llamar la atención sobre dos características de este formato de financiación: la unión de inversores que financian, con aportaciones diversas, proyectos de alto potencial, y el carácter arriesgado de la inversión. ¿Hay algo más arriesgado que un golpe de estado? ¿Es imaginable un potencial de rentabilidad mayor que el control hegemónico de las finanzas de un país durante cuarenta años?
Las respuestas a estas preguntas, avaladas por el aforismo de Franco en su discurso de Lugo, nos permiten afirmar que la guerra civil española, nuestra Guerra Civil, fue un precedente insólito -y por demás, terrible- de lo que hoy conocemos como crowdfunding o microfinanciación colectiva (sin demérito de otras intenciones, caso del carácter de experimento armamentístico y táctico antes apuntado).
Notas de «La Guerra Civil Española como «crowdfunding»»:
1. Según Samuel Huntington «una democracia puede considerarse consolidada si el partido o el grupo que toma el poder en las elecciones iniciales pierde las siguientes elecciones y pasa el poder a los ganadores de las mismas, y si estos, a su vez, lo pasan sin problema alguno a los vencedores de las elecciones ulteriores».
2. La naturaleza clandestina, cuando no directamente delictiva, de buena parte de las operaciones de March está fuera de toda discusión. Para un acercamiento novelado a sus actividades, recomendamos el libro de Manuel Domínguez Benavides El último pirata del Mediterráneo (Ed. de José Luis García Martín).
3. El historiador Ángel Viñas, uno de los más acreditados expertos en la Guerra Civil Española y el franquismo, en su obra El oro y las armas, cuantifica como sigue los importes del respaldo exterior obtenido por Franco: respaldo nazi-fascista y del capitalismo internacional, 735 millones de dólares; valores mobiliarios entregados por Juan March, 70 millones de dólares; oro depositado por Juan March, 183,5 millones de dólares; créditos o avances iniciales vía Kleinwort: 7; total: 991,5 millones de dólares.
4. Sobre las intenciones de Franco en este sentido, remitimos a la lectura de la entrevista concedida en Tánger al periodista estadounidense Jay Allen, en fecha tan temprana como el 28 de julio de 1936, en la que afirma que su movimiento no es monárquico, sino Nacionalista Españolista, y que el gobierno que siguiera a la pacificación sería una dictadura militar.
